Seguridad Nacional y Contexto Internacional

Seguridad Nacional y Contexto Internacional

Tráfico de Drogas, Soberanía Estatal y Seguridad Nacional en América Latina

Convertido en crimen organizado transnacional de enormes dimensiones, el narcotráfico latinoamericano penetra y controla cada vez más las economías y sociedades, los sistemas políticos y los gobiernos de América Latina

ABSTRACT:

El fantasma del narcotráfico, que comenzó a recorrer el mundo por lo menos hace dos siglos, [1] se ha venido manifestando cada vez más en las últimas décadas en América Latina, a partir y a través de la precursora y paradigmática experiencia de los países andinos, ante todo Colombia, Perú y Bolivia, para extenderse luego hacia el Caribe, Centro y Sudamérica, México incluido. En el escenario más pesimista, el modelo configurado por la experiencia de los países andinos parecería decir a los otros países latinoamericanos: De te fabula narratur (para ti se narra la fábula); podría estarles mostrando una imagen no sólo posible sino probable de su futuro.

TEXTO:

Convertido en crimen organizado transnacional de enormes dimensiones, el narcotráfico latinoamericano penetra y controla cada vez más las economías y sociedades, los sistemas políticos y los gobiernos de América Latina; contribuye a descomponer y a desestabilizar a unas y otros, al tiempo que, en paradoja sólo aparente, se va volviendo actor de creciente protagonismo, coproductor y elemento integrante de los mismos. La conjunción de estas características y tendencias convierte cada vez más al narcotráfico en una de las principales limitaciones y amenazas, en uno de los retos fundamentales, respecto a la real vigencia y hasta la mera subsistencia de la soberanía estatal y la seguridad nacional. [2]

El narcotráfico latinoamericano no es reductible a un fenómeno patológico, excepcional, transitorio, de salud y/o de criminalidad y represión, de policía y milicia, de oferta o de demanda, de producción o de consumo, de exclusiva responsabilidad de los países productores o de los países consumidores. Debe ser considerado, por una parte, como un emergente y componente del contexto global configurado por el alto grado de concentración del poder a escala mundial, la mutación del neocapitalismo en los centros desarrollados, la transnacionalización, la Nueva División Mundial del Trabajo, la Tercera Revolución Industrial y Científico-Tecnológica; globalidad en la cual los países latinoamericanos se insertan y de la cual provienen poderosas restricciones externas a sus intereses nacionales y a su transformación progresiva. [3]

Se requiere, por otra parte, la consideración de las situaciones, los procesos y las crisis estructurales de los países latinoamericanos, los límites encontrados y los fracasos y efectos negativos de sus intentos de desarrollo. En esta dimensión interna, el narcotráfico parte de las insuficiencias y distorsiones del crecimiento económico insuficiente y desigual, de la disolución social, de la desestabilización y anarquización políticas, y de la constelación de tensiones, conflictos y antagonismos que de ello derivan; se nutre y desarrolla a partir y a través de unas y otros, y a su vez los alimenta, fortalece y amplifica. Es esta naturaleza estructural del narcotráfico lo que en última instancia explica las limitaciones, vicisitudes y fracasos de las estrategias y políticas propuestas de lucha contra la adicción y el tráfico de drogas.

Las interrelaciones entre los niveles internacionales y domésticos han creado los contextos propicios al ascenso y triunfo del narcotráfico, que a su vez coproducen y refuerzan las condiciones generadoras del fenómeno. En las limitaciones impuestas y retos planteados a la soberanía y a la seguridad de los Estados latinoamericanos convergen acciones e incidencias del narcotráfico que son tanto directas como indirectas o mediatizadas.

La transnacionalización originaria

El narcotráfico latinoamericano se presenta como una magna empresa criminal que produce y se identifica con una constelación de narcoeconomía, narcosociedad, narcocultura y narcopolítica, condicionadas, coproducidas e integradas a partir y a través de la naturaleza transnacional que desde el principio aquél asume, y del proceso transnacional en el que se despliega. El narcotráfico latinoamericano es transnacional en sus orígenes, sus precondiciones, su desarrollo, su naturaleza, sus rasgos y tendencias, sus modos de organización y funcionamiento, en sus efectos y proyecciones; incluso por los conflictos que suscita o refuerza. [4]

Constituido y centrado inicialmente en Colombia, pero luego y cada vez más con bases y ramificaciones en Perú y Bolivia, en otros países centro y sudamericanos y del Caribe, el narcotráfico organiza e impone una división regional e internacional del trabajo en todos los aspectos y niveles de su actividad. [5]

Un número creciente de grupos, sectores, procesos, países, espacios y circuitos son incorporados a la órbita del tráfico y sus organizaciones. Son especializados en la producción de la materia prima y en la elaboración industrial de las drogas, el transporte y las comunicaciones, la distribución, la comercialización, la violencia de autoprotección y agresión, la prestación de servicios conexos, el lavado de dólares, las reinversiones ilícitas las nuevas inversiones en la economía formal. El narcotráfico atribuye a los países de su órbita diferentes papeles y tareas de producción, tránsito, consumo, lavado de dinero que, con el tiempo y el cambio de situaciones, pueden reasignarse y recombinarse de manera diferente.

Ello ha ido ocurriendo, ya desde antes y hasta el presente, con los países plenamente implicados en el tráfico, como los asiáticos del "Triángulo de Oro" (Laos, Tailandia, Birmania) y el "Cuerno de Oro" (Irán, Pakistán, Afganistán), los del Medio Oriente y la Cuenca Mediterránea, y viene ocurriendo en las últimas décadas en los países andinos, sud y centroamericanos y del Caribe, y ahora cada vez más con México. Así ha ocurrido también con Estados Unidos, que ha ido combinando los caracteres y papeles de principal consumidor mundial de drogas; de importante productor, importador y exportador; lavador de dinero, proveedor de insumos químicos, armamentos, tecnología de transporte y comunicación; y receptor de beneficios. También Europa Occidental, Japón, Rusia y otros integrantes de la exUnión Soviética van incorporándose a esta multifuncionalidad, como países sedes de viejas y nuevas organizaciones narcotraficantes, consumidores, importadores y re-exportadores de drogas, lavadores de narcodinero, proveedores de insumos, tecnologías y pericias criminales.

El narcotráfico se inserta así en una economía mundial cada vez más globalizada e interdependiente; parte de sus bases y dentro de sus marcos; aprovecha sus posibilidades y recursos, sus mecanismos e instrumentos; obtiene de ella las condiciones de su rentabilidad y acumulación. Se integra en ella al punto de confundirse. Se vuelve a la vez factor, componente y resultado de sus estructuras y procesos, de su existencia y desarrollo, como lo ejemplifica el lavado que del dinero hacen los narcotraficantes en el mercado financiero mundial electrónicamente unificado.

El avance del narcotráfico en un mundo en globalización refuerza los factores y procesos generales de transnacionalización; contribuye así a la desvalorización y pérdida de realidad de las fronteras y soberanías nacionales, y a las amenazas a la seguridad nacional. Este sentido transnacional del narcotráfico se constituye y refuerza por su capacidad y versatilidad para adaptarse a los cambios y peligros determinados por la represión y la "Guerra contra las Drogas", por la competencia entre las organizaciones criminales involucradas, y por las fluctuaciones del mercado. Ello se manifiesta en la rápida modificación o sustitución de colaboradores, cómplices, métodos, técnicas, rutas, patrones de distribución de papeles y funciones entre países; la continua incorporación de nuevos espacios nacionales a la red mundial; el establecimiento de alianzas y operaciones conjuntas entre organizaciones basadas en diferentes regiones y países del planeta. La internacionalización del narcotráfico se manifiesta también en el creciente peso que adquiere en las relaciones mutuas de los países afectados de diversos modos por él; primordialmente de manera negativa, como fuente de roces, tensiones y conflictos entre ellos; y en grado y con efectividad menores, como estímulo a la cooperación en la lucha contra la adicción y el comercio de drogas.

La transnacionalización del narcotráfico a la vez coproduce una economía criminal, una narcosociedad, una narcocultura y una narcopolítica, en el nivel de las naciones afectadas, y es coproducida por ellas. Estos dos niveles interrelacionados, el transnacional y el interno, uno y otro multidimensionales (económicos, sociales, culturales, políticos), generan y nutren las fuerzas, tendencias y procesos que amenazan la soberanía estatal y la seguridad nacional de los países latinoamericanos incorporados a la órbita del narcotráfico.

Una economía criminal

El narcotráfico se vuelve ante todo el núcleo duro y el eje estructurante de una economía criminal que coexiste y se entrelaza con la economía formal o legal y con la economía informal pero no ilícita, sin que entre ellas subsistan separaciones completas, y sí en cambio interrelaciones, límites borrosos y zonas grises. [6] (Esta circunstancia restringe la lucha contra el tráfico, al resultar cada vez más dificultoso delimitar precisamente las tres economías y precisar dónde termina una y empiezan las otras). La narcoeconomía abarca e integra varias dimensiones entrelazadas; aspectos, bases, redes y circuitos que se acumulan y refuerzan mutuamente. [7]

La narcoeconomía cuenta, sobre todo en Estados Unidos y otros países desarrollados, con un consumo y demanda de drogas que generan y aseguran una enorme rentabilidad y una altísima tasa de acumulación de capitales, convirtiendo al narcotráfico en segundo gran negocio mundial (después del armamentismo y antes que los hidrocarburos). Ello a su vez abre a los grandes narcotraficantes las posibilidades de un alto grado de concentración y centralización de poderes económicos; de expansión y racionalización de las organizaciones y operaciones; de influencia y control crecientes sobre economías y sociedades nacionales.

Las enormes ganancias en efectivo, la masa de dólares, su concentración en un pequeño número de dirigentes de consorcios, en el contexto de países atrapados por la crisis económica, el estancamiento y regresión del crecimiento, la inflación, la devaluación, la deuda externa permiten a los narcotraficantes comprar todo -bienes, servicios, conciencias y voluntades- a precios favorables; gozar de un enorme margen de maniobra para presionar, influir, controlar e imponer decisiones. Se logra así una fuerte presencia en las economías nacionales a las que se irriga y controla; se modifican fuerzas y estructuras socioeconómicas; se multiplican consecuencias directas e indirectas; se trasmuta el poder económico y financiero en poder social, cultural-ideológico, político militar para la defensa y el ataque.

A ello se agregan el lavado o blanqueo de dinero como pieza clave en la estructuración y la reproducción ampliada del tráfico y sus ramificaciones; enormes inversiones en propiedades y empresas lícitas e ilícitas; un papel considerable en la creación de empleos e ingresos y en la elevación de los niveles de consumo.

El narcotráfico latinoamericano realiza el lavado y reciclaje de cantidades casi incalculables de dólares y divisas fuertes, a través del sistema financiero mundial electrónicamente integrado, con la colaboración activa o la negligencia cómplice de banqueros. Opera mediante las redes electrónicas y aprovecha las leyes del secreto bancario y del secreto profesional de los abogados, otras normas e instituciones jurídicas, así como la falta o insuficiencia de regulación y vigilancia. Goza las ventajas del desplazamiento veloz desde diversas instituciones y centros, a través de los circuitos del sistema mundial. Los movimientos en el sistema financiero mundialmente integrado alcanzan tal volumen, complejidad y rapidez, que dificultan la investigación y el control. Intereses creados de todo tipo resisten la imposición a bancos e instituciones financieras de regulaciones contra el lavado de dinero, que crea empleos e ingresos y aporta divisas. A la inexistencia o inadecuación de normas jurídicas se agregan las limitaciones de capacidad, conocimiento técnico y experiencia del personal de las agencias públicas a cargo de la aplicación de leyes correspondientes. [8]

Los narcotraficantes combinan las operaciones ilegales y las legales y sus entrelazamientos. Por una parte, constituyen y desarrollan el narcotráfico como empresa nacional/transnacional, con la mayor autonomía posible en la obtención de la materia prima, su procesamiento, el transporte y la comercialización, y para la maximización de beneficios. Por otra parte, aspiran a la inserción legal en la economía y la sociedad, y en el sistema político, a la aceptación de las élites dirigentes y grupos dominantes, a través de inversiones y empresas. Estas se diversifican en propiedades inmobiliarias del campo y la ciudad explotaciones agropecuarias, construcción, comercio, servicios, recreación, deportes e industrias. Ello apunta al posible desarrollo en varios países latinoamericanos del fenómeno de la Mafia Empresaria que generó el crimen organizado italiano y siceliano-norteamericano. [9]

Todos los sectores económicos, pero sobre todo el comercio de bienes y servicios, se benefician por la ampliación de la demanda de consumo masivo. Las pautas consumistas y suntuarias de los narcotraficantes, y el mantenimiento o aumento del empleo y del ingreso de sus dependientes como servidores y súbditos en relaciones clientelísticas generan o refuerzan una proliferación de actividades comerciales y profesionales para satisfacer la demanda de bienes y servicios de los más variados tipos. Con ello aumentan y prosperan las profesiones y oficios correspondientes y el nivel de ocupación.

El narcotráfico contribuye a la generación y a la expansión del empleo y del ingreso, y a una cierta mejora relativa del modo y nivel de vida para un número considerable de grupos y sectores, por las actividades, inversiones y consumos que los narcotraficantes realizan directamente, en sus actividades lícitas e ilícitas, y por los efectos amplificadores que inducen en otras ramas y sectores de la economía nacional.

Los principales grupos a los que el narcotráfico crea o mejora -directa e indirectamente- las posibilidades y niveles de empleo, ingreso y modo de vida son:

a) Campesinos;
b) Laboratoristas;
c) Transportistas;
d) Traqueteros (representantes de los narcotraficantes en Estados Unidos y otros mercados de exportación);
e) Mulas o Burros (hombres y mujeres que llevan droga en vuelos comerciales entre ciudades y países);
f) Profesionales de la violencia (seguridad, defensa, ataque);
g) Jóvenes disponibles para todo;
h) Abogados para la representación y el consejo legales en problemas y conflictos suscitados por el tráfico ilícito y las inversiones lícitas;
i) Contadores para registro y control de los ingresos, expertos financieros;
j) Intelectuales, comunicadores, periodistas, escritores, profesionales de las Ciencias Humanas y Sociales, expertos en relaciones públicas, para la defensa y apología del narcotráfico y sus jefes;
k) Empleados en las redes de inversiones, propiedades y empresas legales de los narcotraficantes;
l) Empleados en actividades comerciales y profesionales que satisfacen la demanda de bienes de consumo y servicios de los narcotraficantes, v. gr., arquitectos, decoradores, médicos, veterinarios, choferes, modelos, deportistas, etcétera.
m) Empleos e ingresos complementarios, provistos por un narcotráfico captador y corruptor de conciencias y voluntades, a políticos, gobernantes, administradores, legisladores, jueces, funcionarios aduaneros y fiscales, policías, militares, involucrados por sus responsabilidades y tareas en acciones y decisiones referentes al narcotráfico;
n) Personal involucrado en las actividades de prevención y rehabilitación de drogadictos y en la represión de traficantes y consumidores.

El narcotráfico se convierte en una constelación de fenómenos y procesos que incluye a otros actos y tráficos ilícitos: secuestros, asesinatos, estafas, extorsiones; armas, divisas, joyas y otros objetos suntuarios; delitos de cuello blanco, etc. Se autoestructura como serie de subsistemas y espacios, con sus proyecciones e interrelaciones. Diferentes núcleos y redes criminales entrelazan y combinan aparatos y personales, capitales y negocios, recursos, conexiones socioeconómicas y políticas, defensas y protecciones; crecen y avanzan en sus diferentes niveles y aspectos, se refuerzan mutuamente; acentúan cada vez más su transnacionalización y sus tendencias a la expansión mundial.

En los casos ya paradigmáticos de Colombia, Bolivia y Perú, pero también en el de otros países centro y sudamericanos que van siguiendo cada vez más las huellas de los precursores países andinos, la economía criminal del narcotráfico se vuelve parte principal de la economía nacional, en términos de exportaciones, entrada de divisas, importaciones, mejoramiento de la balanza de pagos, reducción del endeudamiento, inversiones, consumos, empleo, producto interno bruto, contribución al crecimiento.

El balance global del papel del narcotráfico en la economía nacional no puede ignorar que la narcobonanza o prosperidad que aquél conlleva tiene una cara oscura de efectos negativos y destructivos. [10]

En el caso ejemplar de Colombia se ha dado un desproporcionado aumento de las exportaciones y de las reservas internacionales que no se corresponde con la tasa real de crecimiento de Colombia. El ingreso derivado de la droga explica el fortalecimiento de la balanza de pagos, el "pequeño milagro colombiano", la ausencia de graves crisis externas. En dos ocasiones los principales jefes del tráfico colombiano ofrecen hacerse cargo del pago de la deuda externa. La economía de Colombia, país agobiado por múltiples problemas, goza desde hace algunos años de un crecimiento anual superior al 5%, del cual 2 puntos serían referibles al flujo de narcodólares, favorecido por la disponibilidad de depósitos bancarios sin mayores controles y de una gama de instrumentos y mecanismos de lavado de dinero.

La mayor parte de los beneficios del tráfico internacional es finalmente percibida y retenidos en los Estados Unidos y otros países desarrollados de alto consumo; es lavada, depositada en bancos o canalizados hacia inversiones y propiedades en aquéllos o en los paraísos bancarios o fiscales de terceros países.

Los beneficios que ingresan y permanecen en los países latinoamericanos involucrados en el tráfico constituyen enclaves económicos. Se destinan más al consumo exhibicionista, de lujo y prestigio, que a inversiones productivas, y se redistribuyen en medida insuficiente. Los bolsones de prosperidad que crea o refuerza el narcotráfico coexisten con situaciones críticas para diferentes ramas y establecimientos industriales, sus empresarios, empleados y obreros. El gasto de los narcotraficantes no crea suficientes empleos porque no se invierte en infraestructura productiva ni se genera una demanda de materias primas y maquinarias de producción nacional. El ingreso de narcodólares aumenta la demanda de cierto tipo de bienes y servicios, primordialmente suntuarios o destinados a satisfacer el consumismo, sin un crecimiento equivalente de la oferta, y con el estímulo -por ejemplo en inmuebles- del alza de precios, la especulación, la inflación, la importación, el contrabando. El dólar negro se coloca a la par del oficial, las exportaciones se vuelven menos competitivas, resultan promovidas las importaciones, y más rentable el contrabando, en detrimento de industrias nacionales.

El Estado no obtiene ingresos fiscales directos del tráfico, sino una parte de los que indirectamente le llegan desde los negocios legales que los narcotraficantes emprenden o favorecen. Los narcotraficantes no pagan impuestos sobre sus beneficios ilícitos, y al contrario, con los costos humanos y sociales que originan, y sus repercusiones negativas en la economía y la sociedad de los países afectados, imponen drásticos aumentos del gasto en policía, fuerzas armadas, judicatura, servicios de salud.

Una narcosociedad

A través de la economía criminal y en correspondencia con su desarrollo, se va dando la diversificación de los principales actores, fuerzas, relaciones, estructuras y procesos sociales, la transformación de los existentes y la aparición de otros nuevos; sobre todo en relación al empresariado, los sectores medios, el campesinado, los trabajadores urbanos.

En conjunto, ello apunta a la emergencia de una especie de micro-narcosociedad que incluye a: los narcotraficantes como grupo protagónico, dirigente, organizador y principal beneficiario; los incorporados y beneficiados -directa e indirectamente- con las oportunidades abiertas por el tráfico, y a los integrantes de la consiguiente red de complicidades; los nuevos espacios sociales; las víctimas.

El grupo narcotraficante no es monolíticamente homogéneo ni definitivamente cristalizado; su heterogénea composición refleja el impacto de sus transformaciones y vicisitudes. Se ha ido estructurando por la articulación y la participación en la economía criminal a través de la combinación de estratos de lumpenburguesía y elementos flotantes o marginalizados, del bajo mundo o delincuentes, que buscan el rápido logro de altos niveles de empleo, ingreso y consumo, ascenso y prestigio sociales, algún grado de influencia y poder en la política, en recuperación de lo perdido o con el acceso a posibilidades que de otras maneras el sistema les niega. Este proceso sui generis de integración abarca a quienes ya eran o se van volviendo narcotraficantes, ya sea altos y medios dirigentes y cuadros de la organización criminal, ya sea colaboradores subalternos, ejecutantes menores o intermediarios. Abarca también a los receptores directos e indirectos de algunos beneficios producidos por las actividades ilícitas y lícitas de los traficantes, y a los que llegan a formar parte de las redes de complicidades que el tráfico va tejiendo. La amplia gama incluye, como se dijo, a campesinos, trabajadores, personal de servicios, comerciantes, financistas, transportistas, profesionales y expertos de todo tipo, que se vuelven dependientes, empleados o abastecedores de los narcotraficantes, sus colaboradores y miembros de la amplia gama de grupos a la que ya se hizo referencia. [11]

Sectores considerables de la población se desplazan así de la economía organizada y formal, a la informal y sobre todo a la subterránea y delictiva, y con ello, de una vida y una actividad sociales legalizadas a otras clandestinas y criminales. Con ello se amplifican y refuerzan tendencias preexistentes a la marginalización y a la disolución social.

La narcosociedad presupone e incluye además espacios geofísicos y sociales: áreas rurales y urbanas, sectores y niveles de actividades en los que los narcotraficantes penetran y se instalan, y que se constituyen en sedes y polos de poder e influencia, con capacidades de dominación, explotación, control y opresión sobre considerables poblaciones. Es el caso, en Colombia, de Antioquia y su capital Medellín, Cali, las regiones de Guaviare y del Medio y Bajo Chaguán y Magdalena Medio. En Bolivia: Santa Cruz de la Sierra y el Beni, el valle del Chapare. En Perú, el valle del Alto Huallaga. En Brasil, las favelas de Río de Janeiro y Sao Paulo, y la cuenca Amazónica. Ello apunta al aumento del número de habitantes y grupos que se vuelven víctimas (generales y específicas) de la presencia y las actividades de los traficantes.

Los grupos e individuos víctimas incluyen a los consumidores; a los que sufren las consecuencias de la dinámica criminal que el narcotráfico representa en sí mismo y en sus proyecciones y entrelazamientos; de los excesos en la represión y las consiguientes violaciones a los derechos humanos; y en general, los impactos negativos sobre la sociedad y el Estado.

Los consumidores constituyen la primera y principal categoría de grupos-víctima, que tiende a crecer a la par con el aumento del uso y del tráfico, tanto en términos de individuos y grupos, productos, regiones, países, y de la misma multidimensionalidad del propio negocio.

Así, el consumo afecta a miembros de todas las clases, grupos de edad y de sexo, espacios geográficos y sociales, aunque con diferenciaciones por sectores, productos, prácticas grados de adicción. Miembros de todas las clases se vuelven consumidores, aunque a través de líneas más o menos definidas pero cambiantes en cuanto a motivaciones, objetivos, selección de sustancias. Jóvenes, adolescentes, niños tienen creciente participación en el consumo y el tráfico, con tendencia a la baja del nivel de edad mínimo. En este aspecto destaca el crecimiento cuantitativo y la victimización y degradación de los niños de la calle. Coexisten y se suceden alcoholes, fármacos, cocaína, opiáceos, drogas sintéticas. La tendencia mundial es la de una continua incorporación de nuevos países a una o varias fases y funciones del tráfico, y a una combinación de aquéllas; es decir, consumo, producción elaboración industrial, tránsito, transporte, comunicaciones, distribución, lavado de dinero.

Son también víctimas los que sufren por las múltiples conexiones entre droga y crimen. Las fases y formas del tráfico de drogas controladas y prohibidas son en sí mismas crímenes, consideradas y tratadas como tales. Usuarios de drogas ilícitas cometen crímenes (el narcotráfico mismo, robos, asaltos, estafas, prostitución, otros corretajes ilícitos, asesinatos), a fin de ganar lo requerido para la compra de drogas al precio exigido. Bajo la influencia de drogas ilícitas se cometen crímenes, por la reducción de inhibiciones y controles, la pérdida del sentido de responsabilidad o de realidad, las descargas de agresividad. El tráfico de drogas atrae individuos con predisposición a la violencia y al crimen, que en sus actividades despliegan conductas agresivas, intimidatorias, destructivas y corruptoras. Los participantes en el tráfico, obviamente impedidos de recurrir a instituciones legales para resolver sus disputas y conflictos, recurren a una gama de formas de violencia.

Los residentes en zonas marginales, tanto rurales como urbanas, se vuelven víctimas potenciales o efectivas de la criminalidad de los traficantes y de los consumidores, por los efectos dañosos y destructivos del comercio y del uso de tales sustancias, y de los delitos asociados, además del ejemplo corruptor que se ejerce sobre todo en jóvenes y niños.

En general, la sociedad y el Estado pagan de diferentes maneras las consecuencias del uso y del tráfico de drogas. Ello se manifiesta en los costos de represión, de prevención, de tratamiento y de rehabilitación, y en el correlativo desplazamiento de recursos siempre escasos en detrimento de objetivos que deberían ser prioritarios de crecimiento y modernización reales, desarrollo social y político. Los costos incluyen además la creciente contribución del narcotráfico a las tendencias a la distorsión y descomposición de la economía, a la disolución social y a la conflictividad y desestabilización políticas.

Los altos costos del tráfico y sus efectos victimizadores incluyen su creciente contribución el deterioro del medio ambiente en dos aspectos. Por una parte, el narcotráfico usa o fomenta técnicas y prácticas que producen o refuerzan la deforestación de regiones enteras (Amazonia, Alto Huallaga), a las que degradan además con productos químicos destructivos. El principal impacto ambiental se refiere a la erosión del suelo y la contaminación por sedimentos en el sistema fluvial, por el uso de herbicidas, pesticidas e insecticidas, así como de los insumos químicos que se usan en la transformación de la hoja de coca con base de cocaína. Por otra parte, los programas de erradicación de la coca agravan la destrucción de la selva lluviosa, en tanto los cultivadores migran en busca de nuevas tierras. La represión contra el tráfico recurre en algunos países y zonas a herbicidas altamente nocivos. [12]

Narco-política, proyecto de narco-Estado

Con la narcoeconomía y la narcosociedad, emerge, sobre todo en Colombia y los países andinos que en éste y en los otros aspectos adquieren un carácter de paradigma, una esfera política que es propia del narcotráfico, una narcopolítica con un peso e influencia crecientes en la sociedad política y el Estado. El narcotráfico tiende a convertirse en un actor político, a concentrar y usar poderes, y a pujar por una creciente participación en los sistemas políticos nacionales.

La disponibilidad de poderes surge de la acumulación de varios factores y procesos. Los narcotraficantes y sus empresas ilícitas y legales van adquiriendo un creciente peso que se manifiesta en la ya analizada constitución de una economía criminal, una narcosociedad, una subcultura que se entrelaza con los patrones prevalecientes de la cultura nacional. [13]

Cuanto más avanza el narcotráfico, más necesita una efectiva protección política contra enemigos y peligros de distinto tipo que amenazan a sus miembros e intereses sus dirigentes y ejecutantes, los integrantes de sus redes los cómplices y beneficiarios, para sus actividades, inversiones y beneficios.

La protección es buscada frente a las amenazas provenientes de los Estados, sus personales y aparatos (legales, judiciales, policiales, militares). Es buscada también para enfrentar las amenazas representadas por los tratados de extradición de Colombia con los Estados Unidos y sus aplicaciones casuísticas. También son vistas como amenazas: la guerrilla revolucionaria (Colombia, Perú); las organizaciones civiles y políticas que representan a grupos víctimas del narcotráfico y de fuerzas regresivas de distinto tipo.

La búsqueda y el uso de poder político se motivan también en el deseo de incorporación al sistema, en condiciones de legalización pero con la conservación de los beneficios y poderes ya obtenidos, y con la exigencia de plena aceptación por parte de las élites públicas y privadas de los respectivos países. Para tales fines se utiliza una concentración de poderes socioeconómicos y de medios de violencia, como los siguientes:

Se trata de obtener influencia indirecta, o control directo, de medios de información y comunicación de masas (prensa escrita, radio, televisión, su tecnología avanzada, profesionales y especialistas). Aparato y personal de los medios masivos indirecta o directamente disponibles son utilizados para la neutralización de toda imagen negativa de los traficantes y sus actividades, y para la creación y el mejoramiento de una imagen favorable. Ello ha incluido la presentación de aquéllos y del tráfico como patriotas y benefactores sociales, grandes inversionistas, propietarios y empresarios, contribuyentes, empleadores, proveedores de servicios sociales. Los narcotraficantes se han presentado también como patrocinadores de programas de sentido cívico y social, concretados en repartos de dinero y bienes de consumo entre los pobres; construcción de viviendas para grupos de bajos ingresos; mejoramiento urbano; centros recreativos; actividades deportivas; donativos a la Iglesia; fomento de las artes. Se proyecta así una imagen que combina los perfiles del bandido social y de una especie de micro-Estado Benefactor.

Una mayor injerencia de los narcotraficantes en la política de los países andinos se ha ido dando por el establecimiento de estrechas relaciones con políticos, gobernantes, senadores, diputados, funcionarios públicos (fiscales, aduaneros, policiales) magistrados. Ello se ha ido realizando mediante el intercambio de favores; el aporte de fondos para el financiamiento de actividades partidistas y campañas electorales cada vez más costosas; la vinculación en negocios; la multiplicación de instrumentos y mecanismos de cooptación. Al soborno y la corrupción se van agregando la violencia como advertencia y disuasión, la agresión, el asesinato el exilio forzado.

La influencia y control de los narcotraficantes se busca y ejerce de modo utilitario y pragmático, en cuanto a la capacidad de prestación de servicios, de tráfico de influencias, de protección de alianzas, sin preferencias fijas por partidos ni personas. Dineros y apoyos son dados a candidatos, dirigentes y miembros de diferentes partidos. Algunos traficantes figuran en las listas partidistas para utilizar en propio favor las inmunidades parlamentarias.

De esta manera, el narcotráfico llega a infiltrarse en altas esferas de los Estados, en los principales centros de gobierno, administración y seguridad, en la justicia, la policía, las fuerzas armadas, hasta en las embajadas de potencias y sus agencias participantes en la lucha contra el tráfico.

El componente violencia ha ido prevaleciendo sobre el componente persuasión por la convergencia de diversos factores y circunstancias. La integración de los narcotraficantes en la economía legal, la sociedad oficial y el sistema político ha sido rechazada por élites públicas y privadas de los países andinos, sobre todo en lo que respecta a la descriminalización de aquéllos y a la legalización de sus actividades y beneficios acumulados, y a su exigencia de aceptación e ingreso en las cumbres de la vida social y política. El rechazo a la integración ha sido acompañado por momentos y fases de persecución gubernamental, la firma y aplicación de tratados de extradición (Colombia); y la fluctuante "Guerra de las Drogas".

La respuesta de los narcotraficantes se ha dado, en Colombia y Perú sobre todo, a través de la intensificación de los métodos y acciones de soborno, intimidación, asesinato y terrorismo. Sus destinatarios y víctimas corresponden a la justicia; la policía; las fuerzas armadas; la prensa; las personas e instituciones que critiquen o ataquen al narcotráfico; los dirigentes de organizaciones sociales y políticas que expresen descontentos y demandas de reformas y cambios progresivos por parte de considerables sectores de la población.

En la guerra de los narcotraficantes destacan los ejércitos privados de sicarios, reclutados entre una masa de jóvenes desempleados y marginalizados, convertidos en mercenarios del crimen. El sicariato surge y se desarrolla con el transfondo de tradiciones y situaciones de violencia, crisis económicas, disolución social, destrucción de tejidos y actores sociales conflictos políticos, en los cuales el narcotráfico se basa e integra, y a las que refuerza y amplifica. [14]

El capital acumulado de violencia se entrelaza con otras actividades delictivas: secuestro, extorsión, asesinato para fines ajenos al tráfico. El narcotráfico asume y justifica la justicia privada y, en general, la violencia, como única o mejor solución para toda diferencia y conflictos entre personas, grupos e instituciones.

La promoción y amplificación de la violencia generalizada por el narcotráfico se da en tres dimensiones interrelacionadas. Existe una violencia específica del narcotráfico, para sus necesidades, la competencia entre organizaciones y sus arreglos de cuentas, la intimidación y el asesinato de quienes puedan de diferentes modos obstaculizar el tráfico. Existen además otras dos modalidades de coincidencia y entrelazamiento con la violencia proveniente de los opuestos polos del espectro ideológico-político.

Por una parte, la violencia de la guerrilla autodefinida como revolucionaria, por ejemplo y sobre todo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Sendero Luminoso, del Perú, han establecido con el narcotráfico relaciones complicadas y contradictorias, de conflicto, coincidencia y cooperación. Guerrilla y narcotráfico se diferencian por su naturaleza, sus móviles y objetivos, sus posturas frente a la sociedad y el sistema político. No establecen una conexión íntima ni una alianza estrecha y estable. Producen acercamientos y acuerdos de conveniencia transitorios, que pueden ser revisados o descartados en cualquier momento. Las relaciones abarcan fases y formas que se suceden y combinan: confrontación, logro de ventajas, coparticipación en negocios y beneficios, acciones contra enemigos comunes, nuevos distanciamientos y conflictos, recuperación de la autonomía, reinicio de enfrentamientos sangrientos. [15]

A la inversa, en Colombia sobre todo pero también en otros países centro y sudamericanos, se ha dado predominantemente la alianza de narcotraficantes con hacendados, empresarios, militares y policías, para la organización de escuadrones de la muerte y ejércitos privados. Se los constituye y usa para la represión y el exterminio, ante todo, de grupos guerrilleros o subversivos, pero también de campesinos y otros grupos sociales, culturales y políticos; contra sindicalistas, intelectuales universitarios profesionales, dirigentes y militantes políticos, representantes de grupos víctimas y, por supuesto, contra narcotraficantes rivales.

Este tipo de violencia crea su justicia propia y su brazo armado: revela una mentalidad fanatizada y revanchista, y una voluntad de reemplazar al Estado normal en el combate sin coberturas ni trabas legales. El asesinato político, la violencia bestial, la destrucción implacable son propiciados y justificados por la seguridad de la sociedad y del Estado, la defensa de las instituciones y grupos promotores, la anulación y el aniquilamiento de los grupos e individuos-víctima.

Los Escuadrones de la Muerte y ejércitos privados como grupos de autodefensa y ataque, han dado lugar incluso en Colombia al Movimiento de Reforma o de Restauración Nacional (MORENA), como organización política de una narcoderecha militante y agresiva. Con ella se busca contar con amplias bases sociales, sobre todo de propietarios y empresarios rurales; imponer su voluntad y sus reglas en extensos territorios; negociar con la derecha moderada y el centro y con las autoridades gubernamentales; lograr una ley de perdón y olvido para sus crímenes avanzar hacia la amnistía y la legalización de los narcotraficantes.

El narcotráfico tiende inevitablemente a promover sus propias formas de criminalidad, pero también a coproducir y hacer proliferar otras formas, también rentables y necesitadas de servicios. Son los casos sobre todo del soborno, otras formas de corrupción, las estafas, el lavado de dinero, los secuestros de propietarios y empresarios para el logro de rescate y el recurso al asesinato a sueldo para dirimir litigios de intereses personales. A ello debe agregarse la violencia utilizada en las luchas entre bandas por los mercados, los ajustes de cuentas, los asesinatos de gobernantes, políticos, jueces, funcionarios, periodistas, policías, soldados.

La represión del Estado en la lucha contra el narcotráfico y la carencia o insuficiencia de los resultados logrados contribuyen a la baja de la eficacia de la justicia y de la policía, y favorecen el incremento de la delincuencia y de la impunidad, sobre todo en los espacios sociales que el narcotráfico produce y controla. Proliferan así, por una parte, los asaltos bancarios, los secuestros, las extorsiones, los asesinatos, los contrabandos, las bandas armadas de delincuentes comunes. Por la otra, se difunden las bandas de vigilantes y vengadores anónimos, dedicados a operaciones de limpieza, manifestadas en agresiones, torturas y asesinatos contra marginales, indigentes, mendigos, niños y adolescentes abandonados, pequeños delincuentes, vagabundos, drogadictos, narcotraficantes menores, prostitutas, homosexuales y otras categorías condenadas por esta variedad de arbitraria justicia privada.

La preocupación prioritaria o excluyente de los gobiernos por la represión contra la protesta social, la disidencia política, la guerrilla y, en menor grado y de manera fluctuante, contra el narcotráfico da lugar a formas de actuación que multiplican y agravan las violaciones de derechos humanos, y da pretexto a la comisión de delitos de todo tipo que afectan la existencia y la real vigencia del Estado de Derecho. En Colombia y Perú, y en otros países centro y sudamericanos, se vuelven prácticas corrientes las detenciones y allanamientos sin orden judicial, con base en leves indicios o en llamadas telefónicas anónimas; la creación de situaciones de guerra, que afectan sobre todo a la población civil, como el acordonamiento policial o militar y el aislamiento de barrios; las detenciones con falsos fundamentos y la imputación y el procesamiento criminales a inocentes; los abusos y daños respecto a personas y bienes.

Alimentado por esta conjunción de fuentes y formas de violencia, el baño de sangre se ha ido incrementando y extendiendo a todo el territorio de Colombia, y también en el Perú. Las formas de violencia se multiplican, se entrelazan y retroalimentan, se descontrolan, imponen la Ley de la selva en la vida social y en la individual. El asesinato político individualizado se combina con la masacre colectiva. La población es sumergida en un ambiente de desprecio por la vida y por los valores éticos y sociales, de terror, indefensión e inseguridad. La justicia se vuelve inoperante. Los habitantes son obligados a optar entre la intimidación, la corrupción, la complicidad (activa y pasiva), la resignación, el conformismo, el exilio, la muerte. La vida económica se ve amenazada por el caos; la vida social, por la disolución; la vida política, por la anarquía. Colombia parece desintegrarse y hundirse en lo que se ha calificado como "un pantano de sangre y barbarie".

Los gobiernos son sometidos al acoso y sitio de la guerrilla y la oposición radical, de los grandes narcotraficantes y de los escuadrones de la muerte. Incapacitados para mantener el orden público, se desautorizan y deslegitiman. Los narcotraficantes parecen omnipotentes e indetenibles; colocan bajo su influencia a toda actividad, sector o región de la nación; intervienen de modo cada vez más directo en la política y en el propio Estado, desafían su soberanía, amenazan su seguridad; desprestigian a los personajes públicos y afectan la vigencia y la existencia misma de la democracia.

La penetración y el control de la política y del Estado se dan por acción directa e indirecta (sumisión apatía, abstención) sobre la prensa, la opinión pública, los partidos, las organizaciones sociales y culturales. Los "capos" de los "clanes" o "familias" del narcotráfico simpatizan con el autoritarismo y promueven el debilitamiento y destrucción de los actores, procesos y regímenes democráticos, a través del ataque directo a la sociedad política y al Estado, y de la corrupción, la descomposición, la disgregación, la parálisis y el colapso de la sociedad civil.

La insatisfacción difundida respecto al funcionamiento del sistema político y a las limitaciones de la vida democrática, la irregularidad e insuficiencia del crecimiento, su estancamiento y regresión, la degradación de la situación económica y social de grandes sectores de la población incrementan los cinturones y bolsones de miseria y marginalidad como sectores privilegiados de reclutamiento y despliegue de los consumidores de drogas, de los narcotraficantes y de otros actores y formas de la criminalidad y la violencia.

A partir y a través de este trasfondo estructural se ha planteado e intentado en América Latina la Guerra de las Drogas, con éxitos limitados, insuficiencias y frustraciones. Parte de la explicación de este balance provisional reside probablemente en el enfoque inadecuado o erróneo de la estrategia y la política que han prevalecido hasta el momento en la región. Ellas han partido de un enfoque restrictivo y simplificador del problema; han desdeñado el uso de una perspectiva y una propuesta de solución que fueran multidimensionales y transdisciplinarias. Han subestimado o ignorado los factores y rasgos estructurales del problema. Han privilegiado los medios tradicionales de lucha, como la interdicción, la erradicación, la captura, el procesamiento y la condena. [16]

La inadecuación y la frustración de la Guerra de las Drogas ha producido, en los principales países-sedes y víctimas del tráfico, un clima social y un estado de ánimo de las poblaciones nacionales que ponen en duda o rechazan la necesidad y conveniencia de una lucha a muerte contra el tráfico de drogas. Ello resulta de una convergencia de causas y circunstancias.

Amplios sectores se han ido incorporando a la narcoeconomía y a la narcosociedad. El conflicto dura mucho tiempo, con altos costos (en sangre, dinero, recursos humanos y materiales, daños sociales y políticos) y con resultados insatisfactorios. Se evidencia la insuficiencia de la exclusiva represión policial y militar. Son inciertas las posibilidades de una solución completa y definitiva. Se hacen sentir los impactos negativos de factores externos (caída de la ayuda al desarrollo y del financiamiento internacional, de la demanda y precios de productos de exportación, endeudamiento externo, proteccionismo de los países desarrollados) que reproducen las condiciones de reclutamiento de los narcotraficantes y drogadictos, y de apoyo a su actividad. Se difunde una reacción nacionalista y crítica de los Estados Unidos, responsabilizados a la vez del problema y de los altos costos de la lucha contra él. Entre éstos, se incluyen los daños al crecimiento; la contribución al estancamiento y caos de la economía, a la disolución social y a la conflictividad y anarquización políticas, a la crisis del Estado; el agravamiento de las amenazas a la soberanía y la seguridad nacionales. La negociación con el narcotráfico su eventual legalización (total o parcial) son propuestas que se atienden o propugnan por grupos significativos de la población. [17]

Dimensiones internacionales

Cerrando el círculo del análisis se vuelve a encontrar las dimensiones internacionales que han sido punto de partida, y con ello la realimentación de fuerzas y procesos que amenazan la soberanía estatal y la seguridad nacional de los países latinoamericanos.

El tráfico de drogas con bases y proyecciones latinoamericanas nace transnacional y va participando cada vez más en un proceso general de mundialización de este fenómeno y sus proyecciones. Se vuelve un actor transnacional con el cual se debe contar. En países andinos y otros de la región latinoamericana es casi un Estado dentro del Estado, tanto o más fuerte que éste. El narcotráfico ignora las fronteras y amenaza la soberanía y la seguridad nacional de todo Estado y de todo país de la región.

No sólo en lo nacional, sino también y cada vez más en lo regional y en lo internacional, el narcotráfico constituye una red en lo económico, lo social, lo político y lo militar. Dispone de ejércitos privados y de instrumentos y mecanismos de propaganda, diplomacia, corrupción, terror, intimidación y destrucción. Se reproduce, se amplifica y en general opera más allá de las fronteras económicas, sociales, ideológicas, políticas, de regímenes y sistemas.

El narcotráfico transnacionalizador contribuye al debilitamiento del Estado en los países latinoamericanos, a su desnaturalización y a su crisis, desde adentro y desde afuera de aquél. Borra las distinciones entre países productores y consumidores, entre culpables y víctimas. Afecta simultáneamente a los países productores y a los distribuidores, a los de tránsito y a los consumidores; los integra en una red de interdependencias; combina sus papeles en situaciones únicas.

Por las razones indicadas, lo internacional se vuelve así referencia ineludible para todo análisis, interpretación, evaluación, estrategia y política referidas a él. Ello incluye, en lo que a los países latinoamericanos respecta, las relaciones bilaterales y regionales con la potencia que ocupa un lugar central en esta problemática. [18]

Los Estados Unidos se han convertido en la mayor nación consumidora de drogas del mundo, y cada vez más en productor, distribuidor y financiador. Es sede de grupos productores, elaboradores, distribuidores y vendedores de marihuana; es importador y exportador de cocaína y opiáceos. Es sede y canal de lavado de dinero. La mayor parte de las ganancias del tráfico quedan en Estados Unidos; se reparten entre grupos norteamericanos de mayoreo y menudeo. Los beneficios directos e indirectos del tráfico irrigan el sistema económico y financiero de Estados Unidos, contrarrestan sus déficit fiscales y de balanza de pagos.

El sistema político-estatal y los gobiernos de Estados Unidos son periódicamente presionados por el temor difundido en grandes capas de la población por el avance del consumo, la adicción y el tráfico, para dar alta prioridad a los esfuerzos de logro de una solución definitiva. Serias insuficiencias y fallas se han dado en el diseño y realización de la estrategia y la política dirigidas al interior y al exterior de los Estados Unidos. [19]

El gobierno federal de los Estados Unidos ha carecido de una estrategia y una política integradas, a la vez preventivas, represivas y rehabilitatorias. Ha asignado recursos relativamente bajos a la lucha contra el tráfico y el consumo internos. Los sistemas y aparatos de derecho y justicia criminales, policiales, carcelarios, políticos y administrativos del Estado norteamericano se han visto excedidos por los requerimientos y esfuerzos de persecución y supresión de los grupos narcotraficantes. Al fracaso relativo han contribuido la división de la parte de la administración federal encargada de la lucha contra el tráfico en un alto número de agencias mutuamente competitivas; la corrupción e ineficiencia de algunos de sus miembros; y la insuficiencia relativa de recursos y equipos. Los Estados Unidos conllevan parte de la responsabilidad por la inacción o la tolerancia respecto a las actividades de grupos y empresas de Estados Unidos y Europa en el lavado de dólares, y en el aprovisionamiento a los narcotraficantes internacionales de insumos químicos, tecnologías de producción, transporte y comunicaciones y armamentos. Pese a las proclamas de lucha contra las drogas, a los aumentos en los gastos gubernamentales, a las prohibiciones y a las acciones represivas, en los Estados Unidos el consumo, la adicción, el tráfico de drogas y la proliferación de las criminalidades inherentes o conexas no dejan de incrementarse.

Los Estados Unidos no han mantenido una lucha consecuente contra el tráfico de drogas; han subordinado dicha lucha a sus intereses económicos, políticos, diplomáticos y estratégicos de potencia, y a significativos intereses privados en su interior y en el de los países productores; han entrelazado la Guerra de las Drogas con su política exterior, en detrimento de la primera. [20]

La estrategia y la política de Estados Unidos, dirigidas hacia su propio interior y hacia el exterior, y propuestas sobre todo a los países latinoamericanos, simplifican el problema, lo reducen a una sola dimensión, una sola causa, un solo efecto. Privilegian lo externo sobre lo interno, la producción y la oferta sobre la demanda y el consumo, la represión sobre la prevención y la rehabilitación. La responsabilidad de los Estados Unidos es transferida a otros grupos y países, a los que se exige hacerse cargo de las cargas y costos de la solución. Se da prioridad a la supresión de la producción y la oferta de los países latinoamericanos sobre las causas identificadas en la demanda y el consumo de los habitantes de Estados Unidos. Se da preferencia a la erradicación de plantíos, la destrucción de laboratorios y redes de transporte y distribución, la captura y procesamiento de narcotraficantes y a la intercepción de drogas para el consumo de los Estados Unidos que provienen de su exterior. Se requiere de los gobiernos latinoamericanos la realización de acciones coincidentes con esta visión del problema y su solución.

Los Estados Unidos han propugnado leyes y programas de cooperación con otros países, incluso su sistema de certificación y sanciones respecto al cumplimiento satisfactorio de los compromisos contraídos. Se ha establecido así un tipo de cooperación binacional no libremente convenida según los intereses nacionales de ambas partes, basada en la premisa de que una de ellas supervisa, juzga y sanciona unilateralmente el comportamiento de la otra y sus sistemas de seguridad y justicia, sin aceptación de obligaciones ni rendición de cuentas sobre los propios comportamientos y resultados. Se ha mantenido así una gran asimetría de compromisos, situaciones y consecuencias.

Esta estrategia y política han resultado ineficaces y contraproducentes en su fase interna y en la externa. Ha representado el ataque, la perturbación y la diversidad de daños para los países que han respondido al sistema de señales del mercado de drogas de los países desarrollados. Sus gobiernos, sus campesinos y otros grupos nacionales se han visto presionados y estrujados entre las fuerzas contrapuestas de los Estados Unidos y los grandes traficantes. Se han producido efectos distorsionantes en los sistemas de seguridad y justicia de los países latinoamericanos, con altos costos en vidas humanas, recursos materiales y financieros.

Para los gobiernos de Estados Unidos y de los países latinoamericanos, la Guerra de las Drogas combina éxitos y fracasos. Los éxitos no han impedido que el tráfico de drogas sobreviva y se expanda, con todos los rasgos y efectos negativos y destructivos que se ha constatado. Sigue sobre todo demostrando un alto grado de inventiva y adaptabilidad respecto a las amenazas y ataques que sufre, y a las nuevas situaciones desfavorables y favorables que va enfrentando.

Para la necesaria revisión y el reajuste de la estrategia y la política, que aseguren un aumento de su eficacia y una preparación de sus posibilidades de triunfo en la lucha contra la adicción y el tráfico, es indispensable ante todo descartar todo lo que sea o implique un enfoque restrictivo, con sus sesgos, rigideces y simplificaciones.

Se requiere por el contrario un enfoque totalizador y dinámico, que no deje de tener siempre presente la naturaleza de la adicción y del tráfico de drogas, con sus realidades, sus lógicas, sus dinámicas. No se debe ignorar que una y otro se dan dentro de un contexto (socioeconómico, cultural, político, jurídico, institucional) que es además al mismo tiempo nacional e internacional. No puede dejarse de lado las causas, los efectos y los síntomas de estos fenómenos, lo coyuntural y lo estructural, la oferta y la demanda, la represión y, la prevención y rehabilitación. Análisis, diagnósticos y alternativas deben tomar en cuenta las tres grandes dimensiones del problema, sus interrelaciones y sus posibles soluciones: la del Estado y la sociedad nacionales y sus articulaciones, la de la cooperación bilateral y la de la cooperación multilateral o internacional. La consideración de las alternativas estratégicas y políticas excede, sin embargo, los límites de este trabajo.

CITAS:

Notas

[*] Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.

[1] Un cuadro general del desarrollo histórico de la adicción y el tráfico de drogas se encuentra en Antonio Escohotado. Historia de las drogas, 3 volúmenes, Madrid, Alianza Editorial, 1989; en Christian Bachmann Anne Coppel, La Drogue dans le Monde Hier et Aujourd'hui, Paris, Albin Michel, 1989.

[2] He comenzado la investigación sobre el narcotráfico latinoamericano en Marcos Kaplan, Aspectos sociopolíticos del narcotráfico, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 1989. Una primera revisión y amplificación se encuentra en véase Marcos Kaplan, El Estado Latinoamericano y el Narcotráfico, México. Editorial Porrúa, 1992.

[3] He caracterizado este contexto global en Marcos Kaplan. Ciencia, Estado y Derecho en la Tercera Revolución, Tomo IV de Marcos Kaplan, coordinador, Revolución Tecnológica, Estado y Derecho, México, UNAM/PEMEX, 1993

[4] Sobre el contexto histórico de la internacionalización del narcotráfico, en lo global y en el nivel de países Latinoamericanos, véase M. Kaplan, El narcotráfico latinoamericano y los derechos humanos, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1993, capítulos II y V.

[5] Sobre el surgimiento y desarrollo del narcotráfico en Colombia y la región andina, véase Fabio Castillo. Los jinetes de la cocaína, Bogotá, Editorial Documentos Periodísticos, 5a. reimpresión, 1988; Mario Arango Jaramillo. Impacto del narcotráfico en Antioquia, Medellín, Editorial J.M. Arango, 1988; Coca, cocaína y narcotráfico. Laberinto en Los Andes, Editor: Diego García Sayán, Lima, Comisión Andina de Juristas, 1989; Carlos G. Arrieta et al, Narcotráfico en Colombia. Dimensiones políticas, económicas, jurídicas e internacionales, Bogotá, Tercer Mundo Editores. 1990.

CITAS:

[6] Sobre economía informal y narcotráfico, véase Pierre Pestieau. L'Economie Souterraine. París. Hachette, 1989; H.C. Felipe Mansilla y Carlos Toranzo Roca. Economía informal y narcotráfico. La Paz, Bolivia, ILDIS 1991; Carlos Toranzo Roca. "Economía informal, economía ilícita: el rol del narcotráfico", en CERID, El impacto del capital financiero del narcotráfico en el desarrollo de América Latina. Simposio Internacional, La Paz, Bolivia, 1991.

[7] Sobre la narcoeconomía ver: Carlos Amat, "La economía del narcotráfico en los países productores, en CERID, El Impacto del Capital Financiero..., Carlos G. Arrieta et al., Narcotráfico en Colombia, cit. Cap. 1; H. Hardinghaus, "Droga y crecimiento económico: el narcotráfico, en las cuentas nacionales", Nueva Sociedad, Caracas, núm. 101, julio-agosto 1989; Marcos Kaplan. Aspectos sociopolíticos ... cit., cap. II; Ciro Krauthausen/Luis Fernando Sarmiento. Cocaína & Co. Un mercado ilegal por dentro, Bogotá, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales/Tercer Mundo Editores, 1991.

[8] Sobre el lavado de dinero, véase International Drug Money Laundering: Issues and Options for Congress, Proceedings of a Seminar Held by the Congressional Research Service. junio 21, 1990, Reporte Preparado por el Committee on Foreign Affairs U.S. House of Representatives, Washington D.C., Government Printing Office, octubre 1990; Jean Ziegler, Suiza lava más blanco. México, Editorial Diana, 1990.

[9] Sobre la organización técnico-profesional para la gestión económica y financiera de las empresas ilícitas y lícitas del narcotráfico, véase Paul Eddy, Hugo Sabogal y Sara Walden. The Cocaine Wars. Nueva York, Bantam Books, 1988; Guy Gugliotta y Jeff Leen. Kings of Cocaine. Nueva York, Harper and Row, 1990. Sobre la Mafia Empresarial siciliana y norteamericana, ver: Pino Arlacchi. The Mafia Ethic and the Spirit of Capitalism. Londres-Nueva York, Verso, 1987; y Raimondo Catanzaro. El delito como empresa. Historia social de la mafia. Madrid, Taurus Ediciones, 1992.

[10] Ver Carlos G. Arrieta et al., Narcotráfico en Colombia., capítulo I.

[11] Ver Marcos Kaplan, op.cit.; Krauthausen y Sarmiento. Cocaína & Co., cit. Capítulo 3. "Las Redes Clandestinas".

[12] Ver Cocaine Production, Eradication, and Enviromnent: Policy, Impact, and Options. Proceedings of a Seminar Held by the Congressional Research Service, febrero 14, 1990, Washington, U.S. Government Printing Office, 1990.

[13] No he tratado en este trabajo la dimensión sociocultural del narcotráfico, remito a su tratamiento en Marcos Kaplan, Aspectos Sociopolíticos .. cit., El Estado ..., cit.

[14] Sobre el contexto donde se reclutan los sicarios. véase Alonso Salazar J. No nacimos p'a semilla. Bogotá, Corporación Región/CINEP, 5a. edición, 1991 .

[15] Sobre narcotráfico y guerrilla, véase Marcos Kaplan, Aspectos sociopolíticos ..., cit., pp. 163-170; José E. Gonzales Manrique, "Perú: Sendero Luminoso en el Valle de la Coca", en Comisión Andina de Juristas. Coca, Cocaína y narcotráfico ..., cit.; Jaime Eduardo Jaramillo/Leonidas Mora/Fernando Cubides, Colonización, coca y guerrilla. Bogotá, Alianza Editorial Colombiana, Bogotá, 1989.

[16] Ver Arrieta et. al. Narcotráfico en Colombia. cit., Capítulo 3: Diego García-Sayán (compilador), Narcotráfico: realidades y alternativas. Lima, Comisión Andina de Juristas, 1990.

[17] Sobre el debate en torno a la legalización. Drug Legalization For and Against. Editado por Rod L. Evans and Irwin M. Berent, La Salle, Illinois, Open Court, 1992; Legalizzare la droga. Una Ragionevole Proposta di Sperimentazione. A Cura di Luigi Manconi, Feltrinelli, 1991; Elías Neuman, La Legalización de las Drogas, Buenos Aires, Depalma, 1991; Arrieta et al, Narcotráfico en Colombia ..., Capítulo 2.

[18] Sobre el origen y la evolución de los problemas de adicción y tráfico de drogas en los Estados Unidos, y de sus políticas internas y externas al respecto, ver el ya clásico estudio de David M. Musto, The American Disease. Origins of Narcotic Control, Edición ampliada, Nueva York, Oxford University Press, 1987; A. Escohotado, Historia de las Drogas, cit.

[19] Ver Comisión Andina de Juristas, Narcotráfico: realidades y alternativas, cit.; Marcos Kaplan. El narcotráfico latinoamericano y los derechos humanos, cit., Capítulos III y X; Arrieta et al., Narcotráfico en Colombia ..., cit., Capítulo 4.

[20] Ver Arrieta et al., Narcotráfico en Colombia .. cit., capítulo 4; El desafío de la interdependencia: México y Estados Unidos. Informe de la Comisión sobre el Futuro de las Relaciones México-Estados Unidos, México, Fondo de Cultura Económica, 1988; Peter Dale Scott/Jonathan Marshall, Cocaine Politics-Drugs, Armies and the CIA in Central America. Berkeley, University of California Press, 1991.


Fuente:
NUMERO: 71
FECHA: Septiembre 1995
TITULO DE LA REVISTA: Seguridad Nacional
TITULO: Tráfico de Drogas, Soberanía Estatal y Seguridad Nacional en América Latina
AUTOR: Marcos Kaplan [*]
INDICE ANALITICO: Seguridad Nacional y Contexto Internacional