De la inseguridad pública a la inseguridad informativa

Publicado en Seguridad Pública

De la inseguridad pública a la inseguridad informativa

El reciente asesinato de 16 jóvenes y dos adultos en Ciudad Juárez nos ha recordado como la inseguridad pública e impunidad de que goza el crimen organizado en varias partes del país viene acompañada de otro tipo de inseguridad e impunidad: la inseguridad informativa y la impunidad declarativa.

Podemos apreciar la inseguridad informativa cuando, como ciudadanos, carecemos de un mínimo de información confiable en torno a aquellos hechos que nos interesan o preocupan debido a que las entidades públicas y privadas capaces de generar y difundir dicha información carecen de los incentivos o de la capacidad necesaria para garantizar que ésta información no sólo está libre de toda sospecha sino también de que cumpla con los requerimientos de veracidad, imparcialidad y oportunidad deseables.

Por su parte, la impunidad declarativa la  apreciamos cada vez que escuchamos a alguna autoridad pronunciarse ante cualquier hecho sin que se responsabilice del sentido, veracidad o alcance de lo que está diciendo. Dado que esta impunidad declarativa ya es un hábito muy bien arraigado en nuestra clase política -casi una denominación de origen– los ciudadanos solemos recibir una cantidad considerable de declaraciones que apenas si logran simular el alto grado de desconocimiento que tiene el declarante sobre los temas o hechos sobre los que se pronuncia y que, en cambio, si aciertan en mostrar en todo su esplendor su frivolidad, irresponsabilidad y, en no pocas ocasiones, sus prejuicios.

Un buen ejemplo de esta inseguridad informativa e impunidad declarativa fueron los pronunciamientos que poco después de la tragedia en Ciudad Juárez hiciesen, primero, el Presidente Felipe Calderón y en seguida el secretario de Gobernación, el señor Fernando Gómez Mont. El primero, antes de tener cualquier tipo de evidencia o de información sobre los hechos, declaro sin inmutarse y con la arrogancia que le es propia que las víctimas “Probablemente fueron asesinados por otro grupo con el que tenían cierta rivalidad”. Poco después, y ya con cierta información que por lo pronto desmentía lo declarado por su jefe, el segundo considero oportuno decir que el mensaje que deberán aprender de una vez por todas las víctimas y sus familiares es que “Sólo sometiéndose a la ley encontrarán respeto a sus vidas y a sus familias. La lógica de matar para no morir es una lógica que está trayendo destrucción y dolor a la gente”.

Lo declarado por Calderón y Gómez Mont, por supuesto y en primera instancia, ofende la memoria de las víctimas y de sus familiares, pero también ofende al sentido común y muestra que a la hora de que, como sociedad, requerimos de información clara y confiable así como una buena dosis de prudencia lo que nos entregan las autoridades es desinformación, prejuicios y un notablemente débil sentido de su deber.

Estas declaraciones buscan, más que otorgar claridad y certidumbre, es dar apoyo a una de las ideas más socorridas de las autoridades federales para respaldar y dar continuidad a su dudosa estrategia de lucha contra el crimen y que según la cual el incremento e intensidad de la violencia que estamos observado estupefactos en varias partes del país es producto de la lucha entre los propios grupos de criminales, que, en realidad, se trata de un proceso de autodestrucción ante la eficacia de las fuerzas federales.

En todo caso, destaca en los pronunciamientos de Calderón y Gómez Mont la ausencia de cualquier intención tanto de informar con veracidad y apego a lo que en el momento de hablar era posible saber como de escrúpulos ante el dolor de las familiares y ante el tipo de confianza que debe, al menos idealmente, prevalecer en una sociedad democrática entre los ciudadanos y las autoridades.

El combate a la inseguridad pública y el crimen organizado debemos ganarlo todos. Pero cada vez es más claro que para tener más oportunidades para ganar esta lucha –o al menos aminorar y controlar sus mayores costos- debemos también ganar la otra batalla, la batalla  contra la inseguridad informativa.

Se trata, entonces, de que disminuya el grado de exposición de la sociedad a la inseguridad informativa pero también de que, por medio de una cobertura de información sensata, de calidad y pertinente, se fortalezca la confianza, ese activo sin el cual no es posible acumular el capital social que requerimos invertir para recuperar la tranquilidad de nuestras calles, hogares y centros de trabajo, y fortalecer la gobernabilidad democrática por la que tantas generaciones han trabajado.

Las buenas noticias es que para recuperar o ampliar el grado de seguridad informativa que deseamos no es necesario militarizar esta batalla sino, en sentido inverso, lo que se requiere es impregnarla de civismo y decencia.

O dicho de otro modo, mientras menos impunidad declarativa tengamos, mientras menos inseguridad sobre la validez de la información que recibimos de las autoridades y mientras menos muestras de insensibilidad y torpeza nos obsequien estas mismas autoridades, acaso estemos en mejor situación de combatir la otra inseguridad, la que tantas muertes y dolor nos está costando.

Claudio H. Vargas

Fuente: http://crisolplural.com/2010/02/09/de-la-inseguridad-publica-a-la-inseguridad-informativa/

Fuente de imagen: http://impunidad.wordpress.com/2009/02/26/

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