La prueba de fuego de la justicia
La prueba de fuego de la justicia
Existen diversas razones por las cuales se facilita esta contaminación.
La principal parece ser la falta de peritos de la que adolece el Laboratorio Técnico y Científico de la PNC y el Instituto de Medicina Legal. Así los sostiene Carlos Ernesto Sánchez, juez Tercero de Sentencia de San Salvador, quien, según su experiencia, apunta este aspecto como la principal limitante en el desarrollo del proceso judicial: “La escasez de peritos hace que sean éstos los últimos en aparecer en la escena del crimen, lo cual abre mayores posibilidades de contaminación de la misma”.
Aunque cualquier agente de seguridad pública está debidamente instruido y autorizado para acordonar una zona en la que ha ocurrido un crimen, con el propósito de salvaguardar los indicios mientras el fiscal y los peritos llegan, la presencia de decenas de curiosos que pueden alterar el estado original de las cosas, es algo casi imposible de evitar, sobre todo en lugares públicos.
Una de las principales teorías criminalísticas advierte que cuando algo es movido en la escena del delito jamás volverá a su posición inicial.
Esto, en el momento de la investigación técnica, imposibilita muchas veces el análisis de trayectoria de balas, ángulos, posición del tirador, cálculos de posibles movimientos del criminal y hasta una futura reconstrucción apegada realmente a los hechos. De ahí la importancia de que en el lugar se encuentren única y exclusivamente los investigadores, es decir, el fiscal del caso, el perito de Medicina Legal y el del Laboratorio Técnico y Científico de la PNC. Estos últimos son los encargados de observar, fotografiar, recolectar, etiquetar y transportar las evidencias encontradas para someterlas a los análisis necesarios para resolver el crimen.
“Pero muchas veces están, no sólo los curiosos, sino un montón de agentes, subcomisionados, socorristas... ¡hasta el director de la Policía! ¿Qué tiene que hacer ese señor ahí? ¡Nada! Mientras menos gente esté, mejor”, enfatiza.
Cadena de custodia
Cada persona que tiene contacto con la evidencia recogida en la escena del delito se convierte en un eslabón responsable de su resguardo. Así, el perito de turno que recolecta o embala y quien realiza el análisis en el laboratorio estampan su firma en la bolsa que contiene la evidencia, para dar el aval del trabajo realizado.
Luego, cuando esta misma evidencia llega a manos del Juez que está ventilando el caso, por ley, el encargado de custodiarla es el Secretario del Tribunal o Juzgado. Ni siquiera el Juez debe tener acceso a dicho material en una etapa de Instrucción, para no parcializarse o influir en su futura decisión. Es hasta en la fase de Sentencia cuando la evidencia se convierte en prueba, y el Juez encargado o el jurado de conciencia emiten -basándose en la sana crítica, el primero, y en la íntima convicción, el segundo- su opinión al respecto.
Sin embargo, este proceso de resguardo, llamado también cadena de custodia, no siempre garantiza el cuidado que merece la evidencia. El ejemplo más reciente es el sucedido en junio pasado, cuando el Juzgado Segundo de Instrucción denunció el extravió de 560 gramos de heroína, sin que se determinara culpabilidad en el hecho. Pero los problemas no sólo se dan en una defectuosa cadena de custodia. La calidad de la prueba pericial también parece estar en tela de juicio. En este aspecto, influye ver el mantenimiento y calibraje constante que recibe el equipo científico con que cuenta ambas instituciones técnicas. También influye el nivel de formación de los expertos que ahí laboran.
Según Julio César Santana Vela, jefe del Laboratorio Técnico y Científico de la PNC, el mantenimiento que reciben las máquinas se realiza cada seis meses. Y el personal con el que cuenta (aproximadamente 70 peritos en todo el país) ha sido capacitado en las especialidades de balística, dactiloscopía, serología y grafología.
Pese a reconocer que contar con personal científicamente cualificado en el país es casi imposible -por lo que la capacitación se realiza hasta que llegan al Laboratorio, luego de un proceso de selección entre los miembros de la Academia Nacional de Seguridad Pública- Santana Vela asegura que la problemática principal es el poco presupuesto con el que cuenta.
“Nos lo redujeron a 4 millones; funcionaríamos óptimamente con unos 25 millones. Ayudaría a mejorar el equipo, capacitar al personal que ya está, contratar uno nuevo. Recuerde que en la central también se analiza lo que viene de las regionales”, sostiene, al tiempo que calcula en 30 los casos asignados a cada perito.
Mayor agudeza
La conformación de “Trinomios” o equipos de trabajo conformados por el recolector de la evidencia en la escena del crimen, el analista y el fiscal es uno de los proyectos en agenda.
“Necesitamos que el investigador sea más creativo, inquisitivo y comunicativo con el analista. Así puede establecer líneas o hipótesis que sin un apoyo técnico jamás se hubiera imaginado”, dice. Uno de los asesores del Programa Internacional de Entrenamiento y Asistencia en Investigación Criminal (ICITAP, por sus siglas en inglés), un programa de la Embajada de Estados Unidos para especializar a agentes en áreas criminalísticas, también menciona el problema presupuestario como una de las limitantes del Laboratorio.
Uno de los asesores dijo a Vértice que actualmente capacitan a 2,056 personas, sobre el tratamiento de la escena del delito, entre ellos 500 fiscales, unos 400 detectives y agentes de seguridad pública.
Según él, unificar el Laboratorio Técnico de la PNC con el Instituto de Medicina Legal sería una opción acertada, pues la especialización del personal sería más aprovechada y, por tanto, la protección de la evidencia y la realización de las autopsias, más efectiva.
No sólo dinero
Para algunos Como Jaime Martínez de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), la falta de recursos económicos es sólo una parte del problema.
“Me refiero a la falta de voluntad política para llegar a la verdad. De nada sirve que se tengan los mejores equipos, si la sombra de la impunidad continúa en todo el sistema policial y judicial del país”, señala.
Por su parte, el director del Instituto de Medicina Legal, Alfredo Hernández Gavidia, cuya responsabilidad fundamental está en realizar experticias médicas, psicológicas y psiquiátricas, también reconoce que, pese a cubrir la demanda nacional, aún podrían mejorar sus labores. Por ahora, su presupuesto es de 40 millones de colones.
Medicina Legal cuenta con 183 peritos en todo el país, pero “siempre hay limitantes en cuanto a transporte, equipo forense y recurso humano”. Por ahora, una noticia alentadora es la adquisición que la Corte Suprema de Justicia hizo de un equipo de ADN, a un laboratorio en España, con un costo de 250 mil dólares.
Por ahora, todos los análisis de ADN que han sido necesarios han sido enviados al laboratorio de la Universidad de Granada, España, con un costo de 2 mil 500 dólares, más gastos de envío.
Al parecer, Medicina Legal ya cuenta con dos médicos genetistas, que serán los encargados de manejar el equipo.
De los recientes intentos de hacer que Medicina Legal dependa de la Fiscalía y no de la Corte, Hernández tiene su punto de vista.
“Somos el único punto de equilibrio entre los acusadores y los defensores. Somos una balanza necesaria en todo el proceso. Si formamos parte de la Fiscalía, ese, inevitablemente, es un mensaje de parcialidad para todos”, concluye.
Claudia Zavala
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Fuente: http://www.elsalvador.com/vertice/2002/01/13/investigacion.html