FEMINICIDIO: UN FENÓMENO PROFUNDAMENTE INCRUSTADO EN LA SOCIEDAD MEXICANA
La ausencia de estadísticas y de cifras oficiales fidedignas sobre la violencia en contra de la mujer aunada a la invisibilización propiciada por las autoridades,
La ausencia de estadísticas y de cifras oficiales fidedignas sobre la violencia en contra de la mujer aunada a la invisibilización propiciada por las autoridades, entorpecen la posibilidad de establecer una fecha de inicio precisa al fenómeno del feminicidio en México y favorece la impunidad. Sabemos que en 1993 se empiezan a documentar los primeros casos de feminicidio en Ciudad Juárez. Sabemos también que lo que más llamó la atención al principio, no fueron sólo las altas cifras de asesinatos de mujeres, sino la violencia con la que eran cometidos y el hecho de que esos cuerpos eran secuestrados en espacios públicos y luego arrojados en estos mismos espacios con toda impunidad.
A pesar de que se siguen perpetrando estos actos de violencia de género –según el artículo 5, fracción IV de la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, “se considera violencia contra las mujeres : cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”[1]–. Los crímenes, asesinatos y desapariciones contra las mujeres, no ocupan un lugar prioritario en la agenda oficial y son cada vez más desplazados e invisibilizados por los medios de comunicación, concentrados exclusivamente en el narcotráfico y el crimen organizado. La política actual del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa ha demostrado el riesgo que conlleva la militarización para la seguridad de las mujeres. Éstas han sido objeto de múltiples vejaciones por parte de las fuerzas armadas y la impunidad prevalece frente a esta situación debido al escollo que representa el fuero castrense. Citemos, nuevamente, el caso de Ciudad Juárez o de Atenco.
Esta situación se da a pesar de que el Estado mexicano ha creado varias instancias especiales para tratar el tema del feminicidio, reformado las leyes, aprobado la Ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 1ero de febrero del 2007 e incluso tipificado el feminicidio en la normatividad nacional. Aún así, se siguen cometiendo crímenes feminicidas y el contexto político y jurídico sigue estando manchado de corrupción, ineficacia e impunidad.
Según la Federación Internacional de Derechos Humanos en México, la desarticulación entre el Estado federal y las entidades federativas hace particularmente difícil el manejo del “problema” del feminicidio en el país, ya que las autoridades federales reconocen y asumen el feminicidio como un problema de violencia hacia las mujeres mientras que la mayoría de las autoridades estatales niegan la existencia del feminicidio como fenómeno estructural. La obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer no se cumple en todos los estados. Asimismo la falta de reconocimiento tanto normativo como fáctico por parte de las autoridades de que la violencia contra las mujeres representa una violación de los derechos humanos, se suma a la negligencia y/o corrupción de los funcionarios públicos que trabajan en la administración de justicia y a la falta de transparencia en la información de casos que se dan por resueltos[2].
Éstos junto con muchos otros factores juegan un papel determinante en el mantenimiento de un caldo de cultivo para la perpetración de crímenes de feminicidio, crímenes contra la mujer por el simple hecho de ser mujeres.
En estas condiciones nace lo que llamamos feminicidio. La conceptualización de este fenómeno se origina en el término femicidio planteado por primera vez por Diana Russell y Jill Radfort en 1992[3]. El concepto de femicidio se refiere a aquellos crímenes que son perpetrados contra las mujeres debido fundamentalmente a las características misóginas de la cultura patriarcal. Desde su origen, el concepto de femicidio es asociado estrechamente al de misoginia[4] y al de violencia. Más tarde, será reinterpretado por Marcela Lagarde, bajo el nombre de feminicidio. Para esta autora, se trata de “[…] una ínfima parte visible de la violencia contra niñas y mujeres, [que] sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres […]”[5].
Parte de la teoría sobre el feminicidio se sustenta en el enfoque particular que comprende la violencia de género y que le permite diferenciarse del homicidio en femenino: de ahí también la traducción del inglés femicide como feminicidio y no como femicidio, para evitar confusiones con el homicidio en femenino. De acuerdo con sus creadoras Diana Russell y Jill Radford los homicidios contra niñas y mujeres forman parte de la violencia de género. El feminicidio es una categoría en si que permite definir actos violentos perpetrados contra mujeres o niñas por el solo hecho de ser mujeres, es decir, por cuestiones de género.
De este modo “[el] término [feminicidio] fue concebido no sólo para señalar el sexo de las victimas sino para visibilizar la construcción social de estos crímenes de odio e impunidad que los configura […]. Mientras la violencia de género es invisibilizada, el feminicidio es visibilizado por los medios de comunicación, la mayor parte de las veces con un enfoque amarillista”[6]. Aunque en México, por ejemplo, se asesinan más hombres que mujeres, el feminicidio se distingue por ser una violencia de género perpetrada recurrente, especifica y exclusivamente en contra de la mujer. además de un contexto de impunidad que le rodea. Una violencia ejercida por hombres contra mujeres, pero no sólo por hombres, sino por hombres colocados en supremacía social, sexual, jurídica, económica, política y de todo tipo, sobre mujeres en condiciones de desigualdad, de subordinación, de explotación, de opresión y de exclusión.
Asimismo, hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa o en los espacios de trabajo, de tránsito o de esparcimiento. Más aún, cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones. Es en ese sentido que el feminicidio se considera un crimen de Estado, e inevitablemente un asunto político. Se conforma por el ambiente ideológico y social teñido de machismo y de misoginia, de violencia normalizada contra las mujeres, y de ineficiencia burocrática y jurídica del gobierno. Lo que genera condiciones de convivencia inseguras e impunidad que ponen en riesgo la integridad física y mental de las mujeres y favorece el conjunto de crímenes que se definen dentro de este concepto.
Patricia Ravelo Blancas, profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) nos dice en su investigación (2003) que al producirse el feminicidio se está cometiendo un delito más complejo que el mero asesinato, el cual incluye la exclusión social de la mujer en los ámbitos sexual, económico y político.
A un día del cambio de gobierno y del regreso del PRI a la presidencia, la situación frente al feminicidio nunca ha sido tan aterradora; Enrique Peña Nieto, candidato electo, lleva en su curriculum la responsabilidad de la administración estatal en la que se perpetraron el mayor número de crímenes en contra de la mujer .
De acuerdo un informe alternativo presentado al Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en junio del 2012, por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Organización Mundial Contra la Tortura, en el gobierno estatal de Peña Nieto existió especial arbitrariedad hacia los derechos de las mujeres en especial en el caso de San Salvador Atenco, cuando policías mexiquenses abusaron sexualmente de ellas en mayo del 2006. Caso impune hasta la fecha pese a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y recientemente del Comité CEDAW[7] (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer por sus siglas en inglés).
Ante esta situación, el movimiento de mujeres tiene razón en preocuparse ante un eventual regreso del PRI si se considera que, durante la administración del propio Peña Nieto en el Estado de México, los índices delictivos y la violencia se multiplicaron en forma incontrolada, la entidad se situó como primera en feminicidios, creció el desempleo, se incrementó el número de pobres, se multiplicó la deuda del Estado y el gobernador destinó miles de millones de pesos de dinero público a campañas de imagen para presentarlo como un buen prospecto presidencial. En el Estado de México quedan impunes 9 de cada 10 feminicidios, además, el entonces gobernador negó las alarmantes proporciones de la violencia contra las mujeres perpetradas en dicho estado[8].
En cifras de la Procuraduría General del Estado de México se registraron 922 homicidios dolosos contra mujeres cometidos entre enero de 2005 y agosto de 2010. En promedio, en territorio mexiquense se cometieron 165 homicidios de mujeres por cada año de 2005 a 2010. En Ciudad Juárez Chihuahua se registraron 285 homicidios de mujeres en 10 años, entre 1993 y 2002, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, 28 por cada 12 meses, cifra casi seis veces menor que la registrada en el Estado de México[9].
A casi 20 años de que se presentaron los primeros casos de feminicidio en Ciudad Juárez, la situación es grave. Según datos de la Relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[10] (CIDH) un análisis basado en los certificados de defunción y otros datos llevaron a la conclusión aterradora del aumento desenfrenado de los casos que implicaban situaciones de violencia contra la mujer. En el período 1990-1993 fueron asesinados 249 hombres, mientras que entre 1994 y 1997 lo fueron 942 hombres, lo que implica un incremento del 300%. Según el mismo estudio, entre 1990 y 1993 fueron asesinadas 20 mujeres y entre 1994 y 1997 lo fueron 143, lo que implica un incremento del 600%[11]. Los feminicidios representan un fenómeno complejo, arraigado en condiciones sociales y políticas específicas. Un fenómeno que no deja de expandirse y de multiplicar las victimas y las implicaciones.
Frente a la diversidad de factores que se movilizan en la comprensión de este fenómeno, Alejandro Bovino propone recurrir a un análisis multidimensional: histórico, a través de una reflexión sobre el patriarcado como institución de regulación social. Filosófico, en la constitución del sujeto como propietario de plenos derechos fuera del esquema de la dialéctica del amo y del esclavo enunciada por Hegel. Sociológico, en una visión etnológica comparatista que nos permita entender nuestra sociedad a través de alternativas de convivencia con base en costumbres fuera de la experiencia sexista de occidente con su proceso varón/mujer profundamente diferente. Y psicológico, en la más temprana constitución de las relaciones internas entre los instintos agresivos de dominación y eróticos de la relación igualitaria[12], como parte de la encrucijada entorno al concepto de eros y de tanatos.