Balacera en el estadio de Torreón
“¿En dónde está la maldita seguridad?”
Temor, confusión y contradicciones de las autoridades, además de revelaciones sobre la precaria seguridad pública en Coahuila, resultaron de los disparos durante un partido de futbol.
Aficionados intentan guarecerse de los proyectiles disparados en las afueras del estadio de Torreón.
Images/ Xinhua.
No acaban de sonar los balazos y su eco ya acompaña los siguientes tiros, las ráfagas de fusil a las puertas del estadio de futbol Territorio Santos Modelo (TSM). La gente corre hacia abajo, hacia la cancha, hacia las laterales del lugar, hacia donde sea.
Tirados en el piso, resguardados detrás de un carrito y una hielera con cervezas, un par de jóvenes y un adulto resumen en la toma de video uno de los “daños colaterales” que la guerra contra el narco no había dejado hasta ahora en el país: un ataque de sicarios en pleno día, a la entrada de un estadio de futbol casi lleno, con cupo para 20 mil personas. “¡No, güey, esto va a salir en la tele… a todo nivel internacional, güey!”, dice uno de los jóvenes mientras una voz adulta trata de convencer a otros aficionados de que se agachen, de que ya no se muevan y se queden ahí, en el suelo. Pero la gente se mueve en todas direcciones, unos corriendo, otros con paso vacilante, buscando con la mirada el origen de los disparos.
“¡Tírate al suelo… tírate al suelo! ¡Oye nada más! ¿Pa’dónde van? ¡Acá, tranquilos…tranquilos!”, grita un hombre, mientras sostiene un teléfono celular con el que graba la escena desde el piso, junto a la entrada del estadio. Son casi las cinco de la tarde. No había acabado aún el primer tiempo del juego Santos-Morelia cuando comenzó lo que pudo ser una pesadilla.
El tiroteo va y viene sobre la avenida Francisco I. Madero, en la carretera Torreón-San Pedro, frente a la entrada principal del estadio. “¡Es increíble, somos rehenes de la delincuencia en nuestro país!”, va diciendo uno de los comentaristas deportivos de Televisión Azteca mientras sus cámaras hacen acercamientos, peinan de izquierda a derecha, suben y bajan entre las gradas y regresan a una cancha sobre la que corren hacia los vestidores cientos de aficionados. “¿¡En dónde está la maldita seguridad!?”, tronaba el comentarista de televisión mientras la cámara principal ubicada en el palco mostraba en el acceso principal del estadio la leyenda “La Casa del Dolor Ajeno”.
“DAÑOS COLATERALES”
Las esquirlas del ataque a las puertas del estadio TSM no sólo alcanzaron a dañar los cristales de algunos palcos, sino también revelaron otros problemas: la deficiente coordinación policiaca y de seguridad entre la Federación y los gobiernos estatal y municipales de Coahuila, el pleito entre medios masivos de comunicación, el subejercicio presupuestal en materia de seguridad para los municipios, el incremento en los niveles de violencia y el hartazgo de la sociedad ante la incapacidad para contener las acciones de la delincuencia organizada.
Las horas y días posteriores a la balacera —transmitida por televisión, internet y las redes sociales a muchos países— se convirtieron también en las de un enfrentamiento entre el gobierno federal, los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y los demás representados en la Cámara de Diputados: de entrada, lo que pudo haber sido una tragedia de enormes dimensiones se convirtió en un filón político que permitió denunciar el manejo oscuro del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun) por parte del ex gobernador Humberto Moreira, hoy presidente del PRI.
El 20 de enero de 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recibió del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el oficio SESNSP/DGAJ/0123/2011, en el que los municipios de Torreón, Monclova y Acuña denunciaban que el gobierno estatal no les había suministrado los recursos enviados por la Federación para reforzar y aplicar programas de seguridad pública. Cálculos periodísticos señalan que Humberto Moreira dejó una deuda de más de 30 mil millones de pesos en la entidad, y destaca el abandono y el subejercicio en materia de seguridad para varios municipios no priistas, según lo denunció en tribuna el cuatro de enero de este año el diputado federal panista Carlos Ulises Orta Canales. El dato fue recordado por varios medios de comunicación el 23 de agosto pasado, tras la balacera a las afueras del estadio TSM.
El 24 de agosto, los alcaldes de Torreón, Monclova y Acuña, los mismos que en enero de este año denunciaron no haber recibido dinero del Subsemun, rechazaban por separado lo dicho por Juan Miguel Alcántara Soria, secretario ejecutivo del SNSP, y afirmaron que nunca les fue negado el recurso por parte del ex gobernador Moreira. Explicaron que la reunión con Alcántara Soria fue para pedir explicaciones sobre los recortes en el rubro de seguridad y para plantearle que no recibirían el dinero si no se les explicaba por qué se redujeron los montos asignados de 47 a 30 millones. Sin embargo, el 22 de agosto Eduardo Olmos Castro, presidente municipal de Torreón, se anticipaba al vendaval de señalamientos y contraacusaciones al explicar y justificar ante los reporteros lo ocurrido el sábado 20 en el estadio TSM. Olmos soltó cifras y datos para documentar que en lo que va de su administración, su policía municipal ha sido blanco de 55 ataques armados directos, en los cuales 45 oficiales han resultado heridos y 17 han perdido la vida. Esto convierte a Torreón en un “verdadero campo de batalla”, indicaba, al hablar sobre el móvil de la balacera registrada.
Las primeras versiones aseguraban que a las afueras del estadio había un retén militar y que un convoy de tres camionetas de sicarios intentó burlarlo disparando contra los soldados y contra un grupo de policías. El dato fue rechazado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al aegurar que “en dicho evento no participó personal militar” y reiterar que “en cuanto se tuvo conocimiento del suceso, las tropas jurisdiccionadas a la XI Región Militar efectuaron reconocimientos terrestres en el área del incidente en apoyo a las autoridades civiles locales”.
En las horas siguientes, las versiones dadas a conocer desde la Ciudad de México por el subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez, aseguraban que el objetivo del ataque había sido el teniente Adelaido Flores Díaz, director de Seguridad Pública Municipal. Nuevamente esta declaración terminó en un desencuentro entre autoridades municipales y estatales con las federales. La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) emitió a su vez un comunicado refutando lo dicho por la Secretaría de Gobernación, señalando que el teniente Flores Díaz (quien sustituyó el 15 de marzo de este año en el cargo al general Carlo Bibiano Villa Castillo, actual secretario de Seguridad Pública en Cancún, Quintana Roo) se encontraba en el cuarto piso del estadio, en el palco que habitualmente ocupa durante los partidos del Santos.
El lunes 22 de agosto, un mensaje anónimo enviado a MVS Noticias aseguraba que el ataque iba dirigido contra Papá Pitufo, como se conoce en el medio policiaco al teniente Flores Díaz. “No es contra la gente, contra el estadio o contra los aficionados. Buscábamos a Papá Pitufo, que estaba llegando al estadio en su coche”, decía el mensaje de correo electrónico.
Mientras los enredos entre los gobiernos priista de Torreón y el federal panista continuaban, la directiva del equipo Rayados de Monterrey solicitaba, por primera vez en la historia del futbol mexicano, que el partido a jugarse en Monterrey la noche del martes 23 contra el Seattle Sounders, de la Major League Soccer estadunidense, estuviera resguardado por elementos del Ejército Mexicano junto con efectivos de otras corporaciones. Un total de 500 elementos resguardaron la seguridad del estadio, que registró una pobre entrada. Al menos cuatro camionetas blindadas del Ejército con metralletas HK-21 montadas en sus techos hicieron rondines todo el tiempo en las inmediaciones del estadio Tecnológico.
Horas antes del partido, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, anunciaba su intención de solicitarle al presidente Felipe Calderón una reunión urgente para revisar el tema del reforzamiento de la seguridad en su estado, convertido desde hace un par de años en base de operaciones de Los Zetas y de células del cártel del Golfo.
¿COMO EN COLOMBIA?
“Cosas como éstas, así de este nivel, no sucedían en Colombia ni en los peores años del narcotráfico, cuando Pablo Escobar controlaba todo”, recuerda el corresponsal en México de diversos medios colombianos, Mauricio Aranguren. Lo más cercano a un hecho así ocurrió en las inmediaciones de la plaza de toros La Macarena, en el Departamento de Medellín, cuando sicarios al servicio de Pablo Escobar hicieron estallar un autobomba que causó docenas de muertos (las versiones sobre el número de víctimas difieren hoy; se habla de 17 y hasta 27 muertos). En su investigación “Futbol, narcotráfico y violencia en Colombia”, publicado en El Espectador, el periodista Emilio Pons Guia señala que hasta antes del apogeo del cárteles de Cali y Medellín, el Deportivo Cali fue el único en toda la historia del balompié de ese país en disputar una final de la Copa Libertadores, y que el ascenso y poderío de los cárteles se vio reflejado en el futbol de Colombia. Pons escribe que “en 1985 comenzó lo que se conoció como ‘El Proceso’: el paso del fútbol cafetero hacia una ‘década dorada’. La selección se clasificó para tres Mundiales consecutivos y llegó a semifinales en cuatro de los siguientes cinco certámenes de la Copa América. Entre la edición de la Copa Libertadores de ese año y la de 1996 hubo siempre un representante colombiano entre los tres mejores equipos del subcontinente. Más que un cambio, un auténtica metamorfosis”.
En los años de esa década dorada, “varios equipos colombianos (Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Junior, Independiente de Medellín) pasaron, además, a estar entre los más potentes de la zona. Y no es ningún secreto que las relaciones del futbol con el narcotráfico contribuyeron fuertemente a ello”, añade Pons.
El sitio Pablo Escobar-Archivos Periodísticos (http://pabloescobargaviria.info/) contiene decenas de notas, artículos, reportajes, entrevistas, fotos y material diverso sobre la vida del extinto jefe del cártel de Medellín. Uno de los textos hace referencia a los tiempos en que el narcotráfico colombiano controlaba el futbol de ese país. Este sitio y el texto de Emilio Pons, así como innumerables fuentes periodísticas y documentales de Colombia, indican que el hecho violento más notorio en relación con el futbol fue el asesinato, el 15 de noviembre de 1989, del árbitro Álvaro Ortega, quien dirigió el encuentro entre el Deportivo Independiente Medellín y el América de Cali.
Ortega pitó un juego intervenido por apostadores ligados al narco. El silbante tuvo un partido muy complicado y anuló un gol que derrumbó las ganancias de esa noche. Un grupo de sicarios lo esperó a la salida del estadio para acribillarlo. El asesinato obligó al gobierno del entonces presidente Virgilio Barco a suspender el torneo colombiano de futbol ante la falta de garantías para que los aficionados asistieran sin problemas a los estadios de la Primera División.
La reacción de los cárteles colombianos, que en esos años ochenta tenían en el futbol una veta interminable para lavar sus ganancias ilegales, no se hizo esperar. Cuatro días después de que fuera suspendida la liga colombiana un grupo de sicarios se presentó en un partido de futbol de la Segunda División colombiana y golpeó a dos árbitros con piedras, palos y tubos. Los silbantes quedaron gravemente heridos.
En enero de 1990, varios sicarios que viajaban en motocicleta interceptaron el automóvil del presidente del club Millonarios de Bogotá, Francisco Feoli Bonilla, quien libró el ataque. En 1994, Andrés Escobar, defensa de la selección colombiana, fue asesinado en un bar durante una discusión nunca aclarada —incidente que recuerda el ataque en México contra el futbolista del club América Salvador Cabañas. Semanas antes, Escobar había anotado el autogol que costó la eliminación a su equipo frente a Estados Unidos, país en donde se realizó el Mundial en ese año.
En los últimos años el futbol colombiano de Segunda División y el amateur han sido afectados por asesinatos de jugadores y asistentes a encuentros en los que bandas rivales de delincuentes se enfrentan con armas de fuego. En 2009, dos balaceras que ocurrieron con un mes de diferencia (abril y mayo) dejaron siete muertos y nueve heridos graves como consecuencia del pleito entre pandillas presuntamente ligadas al narcotráfico.
A pesar del ataque frente al estadio en Torreón, no hay más indicios de que en México estas ligas entre narcotráfico y futbol ocurran... todavía.
Ataque a casino en Monterrey
Alrededor de las 16:00 horas del jueves 25 de agosto se registró un ataque de la delincuencia organizada contra el Casino Royale, ubicado entre las calles San Jerónimo y Gonzalitos en Monterrey, con un saldo, al cierre de esta edición, superior a los 51 muertos y varios lesionados, luego de que muchas víctimas quedaron atrapadas en el inmueble. Una de las primeras versiones indica que un comando ingresó a las instalaciones y roció gasolina en paredes, muebles y mesas de juego, y provocó un incendio generalizado.
Elementos del Ejército, bomberos y de la Agencia Estatal de Investigaciones y de Protección Civil de Monterrey y San Pedro acordonaron el lugar mientras los paramédicos atendían a los lesionados. Las personas que se encontraban en el casino afirmaron que la puerta de emergencia estaba atrancada, por lo que los muros tuvieron que ser derrumbados para ser rescatados.
El representante de los casinos, Félix Coronado, dijo que se reunirá con los propietarios de los centros de apuestas para analizar las medidas de seguridad.
El presidente Felipe Calderón, a través de Twitter, calificó el hecho como “aberrante acto de terror y de barbarie”.
Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, dijo que fue “un acto de terror” y aseguró que este crimen no quedará impune. Los tres órdenes de gobierno actuarán contra los criminales.
http://www.msemanal.com/node/4549