¹Doctor, Maestro y Licenciado en Derecho por la UNAM, Maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico Penal por el INACIPE, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), nivel I, Capacitador certificado en razón de sus méritos por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), Profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciudad de México y Santa Fe, de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán (FES Acatlán) y Profesor Investigador invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), entre otras instituciones de educación superior y posgrado. 

²Doctor en Ciencias Penales y Política Criminal, Maestro en Ciencias Penales con especialidad en Criminalística, ambos por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); Cirujano Dentista por la UNAM; Capacitador certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), así como por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER); Capacitador de formadores para el sistema acusatorio y adversarial por el Centro para Justicia de las Américas (CEJA); Profesor e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); Catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Profesor e instructor en la Procuraduría General de la Reública, las procuradurías estatales y la Secretaría de Seguridad Pública; Catedrático electo por méritos en el Proyecto para la Universidad de la Procuraduría General de la República, así como en diversas universidades en el interior del país y otras instituciones de educación superior y posgrado tanto en modalidad presencial como virtual.

Sumario:

I. Entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio en todo el territorio mexicano

II. Los protocolos nacionales de actuación

Reflexiones finales

Fuentes de información

I. Entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio en todo el territorio mexicano.

En breve habrá transcurrido un año de que se cumpliera lo mandatado por el segundo transitorio de la reforma constitucional de 2008 en materia de seguridad y justicia penal, el cual a la letra refería:

Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimoquinto; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este decreto.

En consecuencia, la federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La federación, los estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito.

En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales.    

Y precisamente en virtud del tan difundido y ansiado cambio de sistema de justicia penal, el dieciocho de Junio de 2016 se llevó a cabo un acto oficial con miras a poner de relieve la importancia y trascendencia de este logro sin precedente para México, el cual incluso fuere calificado como “la reforma más importante en materia de seguridad y justicia penal en los últimos cien años”, mismo que brindaría a la sociedad “una justicia más cercana, transparente y eficaz”, conforme a lo que luego se publicara a tambor batiente en los medios:

Al encabezar el evento de entrada en vigor en todo el territorio nacional del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró: “damos un paso decisivo para brindar a la sociedad una justicia más cercana, transparente y eficaz”.

“Hagamos del nuevo Sistema el emblema de un país comprometido con la legalidad y el Estado de Derecho”, señaló.

El Primer Mandatario refirió que con el paso del tiempo, el Sistema de Justicia Penal que había en el país “mostró claros signos de agotamiento, de manera marcada ante el aumento de violencia e inseguridad que se registró en el país durante la primera década de este siglo”.

“Fue entonces cuando la sociedad civil alzó su voz, con vigor y ánimo de proporciones nunca antes vistas, para demandar y contribuir a un cambio cualitativo en materia de Justicia Penal. Las voces de la ciudadanía nos mostraron que no podíamos superar los desafíos del siglo XXI con leyes, mecanismos y procedimientos del siglo pasado”, refirió.

“Con espíritu constructivo, tenacidad y perseverancia, lograron que el Estado Mexicano en su conjunto, llevara a cabo un esfuerzo inédito de transformación institucional. Eso es, precisamente, lo que estamos celebrando este día”, añadió.

Mencionó que este es un momento histórico para el país, en el que “los mexicanos podemos y debemos sentirnos muy orgullosos por haber hecho realidad la transformación jurídica más trascendente de los últimos 100 años”.

El Presidente Peña Nieto explicó que para dimensionar este gran esfuerzo “basta señalar que en los últimos 8 años se han invertido más de 21 mil millones de pesos en la implementación de la Reforma, 89 por ciento de los cuales se han ejercido en esta Administración”.

“En este esfuerzo nacional, ha quedado acreditado que los cambios estructurales que requiere México sólo pueden concretarse con una auténtica visión de Estado, yendo más allá de diferencias políticas, calendarios electorales y periodos de gobierno”, resaltó.

Destacó que en la fase de consolidación que hoy inicia, “requeriremos igualmente de la voluntad, el compromiso y el trabajo del Estado Mexicano en su conjunto”.

Hizo un respetuoso llamado a los Poderes Legislativo y Judicial, a los gobiernos locales, a la academia y a las organizaciones de la sociedad civil, “para mantener la causa de la Justicia Penal como una prioridad nacional”.

El Titular del Ejecutivo Federal dijo que “para normar este nuevo modelo, se crearon o reformaron 21 leyes federales o nacionales y se modificaron más de 350 leyes locales”.

“Normas tan relevantes como el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, complementan el Sistema y permiten una justicia más confiable”, agregó.

Expresó su reconocimiento “a la labor de los legisladores federales durante el periodo extraordinario de sesiones, para aprobar los ordenamientos complementarios del Sistema de Justicia Penal Acusatorio”.

También destacó que este nuevo modelo “aplica para la Justicia Militar, a partir de la Reforma al Código Militar de Procedimientos Penales y las nuevas Salas de Justicia Oral que se crearon”. Su actualización, explicó, “reafirma el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas con el debido proceso y el respeto a los Derechos Humanos”.

El Primer Mandatario señaló que, de igual forma, es encomiable “la labor de los integrantes del Poder Judicial, tanto de la Federación como a nivel local, para renovar y actualizar su infraestructura y para seleccionar y capacitar a los magistrados, jueces, secretarios y actuarios que impartirán justicia”.

Mencionó que durante la etapa de implementación “contamos con el apoyo de varios países amigos, que nos compartieron generosamente sus experiencias, de manera destacada Canadá y Estados Unidos”.

El Presidente Peña Nieto subrayó que “en el Gobierno de la República tenemos la determinación de ajustar donde haya que hacerlo, y de cambiar lo que sea necesario para que nuestras instituciones de seguridad y de procuración de justicia estén acordes con esta transformación”.

Expresó su reconocimiento a la labor de los integrantes del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y de su Secretaría Técnica, “quienes guiaron los esfuerzos para cumplir con el plazo establecido en la Reforma Constitucional”.

A nivel local, precisó, “la gobernadora y los gobernadores, así como el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, impulsaron decididamente el proceso. Así lo acredita la capacitación de más de 400 mil operadores del Sistema y de más de 240 mil elementos de seguridad pública”.

En el evento, realizado en la explanada del Altar a la Patria, el Presidente Peña Nieto firmó, junto con el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva; el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Roberto Gil Zuarth, y el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Acuerdo entre los tres Poderes de la Unión para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal.

Además, canceló el timbre postal “2016, Nuevo Sistema de Justicia Penal”, y atestiguó el malletazo simbólico de la conclusión de la implementación de la Reforma de Justicia Penal, que en punto de las 00:00 horas del 18 de Junio del 2016 dio el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación .    

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